El parking de Ferreros cierra con más de cien plazas ‘sin pujar’ en pleno debate sobre la legalidad del proceso

El Ayuntamiento de Oviedo valora el “interés real” vecinal mientras IU pide frenar la privatización y abrir diálogo

El proceso de presentación de ofertas para hacerse con una plaza en el aparcamiento de Ferreros, en el barrio de Ciudad Naranco, ya tiene cifras definitivas, 313 solicitudes registradas para un total de 421 plazas ofertadas. Un dato que el equipo de gobierno interpreta como un respaldo claro a la iniciativa, pero que llega, también, en medio de un debate político y vecinal que no ha dejado de crecer en las últimas semanas. El concejal de Gestión de Patrimonio y Participación Ciudadana, Mario Arias, hacía este viernes una valoración “positiva” del resultado. A su juicio, las cifras “confirman el interés real de los vecinos” y avalan una actuación que, sostiene, responde a una demanda histórica del barrio. “Estamos más cerca de cumplir el objetivo de poner a disposición de los vecinos estas plazas de aparcamiento”, señaló, recordando que se trata de una reivindicación recurrente en los consejos de distrito.

Porque si algo parece claro es que la necesidad de aparcamiento en Ciudad Naranco no es nueva. Forma parte de ese listado de demandas que se repiten con los años. Y que, en este caso, el Ayuntamiento ha tratado de canalizar a través de un sistema de adjudicación en propiedad de las plazas. Ahí es donde aparecen las discrepancias. Desde Izquierda Unida–Convocatoria por Oviedo, su portavoz, Gaspar Llamazares, ha reclamado paralizar el proceso y abrir un diálogo con los vecinos. Lo hace después de que el Defensor del Pueblo haya admitido a trámite una denuncia presentada por asociaciones del barrio tras haberse hecho público hace unos días el número de ofertas presentadas, antes de acabar el plazo para admitir nuevas pujas.

“Es el momento de pararse, reconsiderar la decisión y buscar un acuerdo”, señaló Llamazares, que defiende que el aparcamiento debe mantenerse dentro del patrimonio público municipal. Su propuesta pasa por destinar las plazas a alquiler y rotación, integrándolas en el plan de movilidad de la ciudad, en lugar de su venta a particulares. El debate no es nuevo, pero sí se ha intensificado en la recta final del proceso. En los últimos días, distintos grupos políticos han advertido de posibles irregularidades que podrían afectar a la validez de la adjudicación. Entre ellas, esa difusión de datos sobre el número de participantes, una cuestión que, según denuncian, podría haber alterado las condiciones de igualdad entre los licitadores.