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El contrato de chalecos antibalas en Oviedo desata la polémica por su vinculación con una empresa de seguridad israelí

Redacción por Redacción
22/05/26
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IU ha denunciado la adjudicación, reclama su paralización y advierte de posibles acciones políticas y legales si no se revierte la decisión

La adjudicación del contrato a una empresa israelí ha desatado las críticas de IU.

El grupo municipal de IU-Convocatoria por Oviedo ha reclamado la paralización del contrato de suministro de chalecos antibalas adjudicado recientemente en el Ayuntamiento de Oviedo a la empresa israelí Guardian Homeland Security, al considerar que la operación no debería haberse formalizado en el actual contexto internacional. La formación de izquierdas ha expresado su “profundo rechazo” a la decisión adoptada en la mesa de contratación celebrada este martes, en la que se habría procedido a la adjudicación del contrato para la adquisición de material de protección destinado a cuerpos de seguridad municipales.

Desde IU-Convocatoria por Oviedo se sostiene que existen argumentos normativos y políticos que deberían haber sido tenidos en cuenta antes de avanzar en la adjudicación. En este sentido, la formación alude a la existencia de normativa estatal que, según su interpretación, respalda posicionamientos de carácter internacional en materia de derechos humanos y restricciones en la contratación pública vinculada a determinados conflictos. El portavoz del grupo municipal, Gaspar Llamazares, ha señalado que, a su juicio, “desde ningún punto de vista humanitario se puede consentir la financiación con dinero público” de este tipo de adquisiciones en el contexto actual, y ha reclamado al equipo de gobierno municipal la reversión del contrato.

Asimismo, la formación ha advertido de que, en caso de no procederse a la anulación de la adjudicación, se valorarán “todas las medidas políticas y jurídicas” que estén a su alcance para impugnar el procedimiento. IU también ha apelado al cumplimiento de un real decreto-ley aprobado recientemente, que, según sostiene, establecería restricciones en materia de contratación de material de defensa o de doble uso, argumentando que el producto adquirido estaría afectado por dichas limitaciones.

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