El documento cuestiona desde el mantenimiento de la red hasta las oficinas de Olloniego y Trubia y el funcionamiento de instalaciones como Cabornio y el Canal del Aramo
IU reclama ahora una auditoría de la Sindicatura de Cuentas ante la «degradación» del servicio
La gestión del agua en Oviedo vuelve a quedar bajo el foco. Un informe denuncia trece posibles incumplimientos y anomalías en el servicio municipal de aguas y reclama al Ayuntamiento que abra una investigación sobre la a situación de Aqualia, la empresa concesionaria, y sobre la propia supervisión municipal del contrato. El documento cuestiona el mantenimiento de infraestructuras, el funcionamiento de distintas instalaciones, el cumplimiento de las obligaciones asumidas por la concesionaria y hasta los posibles perjuicios económicos para el Ayuntamiento y los abonados.
Entre los episodios señalados aparecen las inundaciones del pasado 27 de agosto en la calle Uría. El informe considera que la acumulación de agua podría revelar deficiencias en la capacidad hidráulica o en el mantenimiento de la red de saneamiento y pone también el foco en el reparto de responsabilidades sobre la limpieza de los sumideros. Pero el documento va mucho más allá de las lluvias y apunta a distintas áreas de la concesión. Una de las denuncias afecta a las oficinas de atención al público de Olloniego y Trubia. Según el informe, ambas estaban contempladas en la oferta de Aqualia, pero no estarían operativas ni se habrían habilitado los locales, equipos y personal necesarios. También se cuestiona un proyecto de control de caudales ejecutado en 2010. El informe sostiene que las instalaciones no habrían funcionado correctamente y que esto habría impedido comunicar determinados datos a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico.
Del Canal del Aramo a la planta de Cabornio
El Canal del Aramo aparece igualmente entre los puntos señalados. El informe sostiene que la oferta de Aqualia contemplaba un encargado y seis operarios específicamente destinados a su mantenimiento, pero denuncia que esa dotación no existiría. A ello suma el supuesto deterioro de depósitos rurales, con especial atención al de Trubia, y el abandono de una vivienda vinculada al depósito de El Picayón.
Más acusaciones aparecen en la estación de tratamiento de agua potable de Cabornio. Según el documento, el sistema de desinfección mediante ozono permanecería habitualmente fuera de servicio y algunas operaciones se realizarían manualmente pese a que la instalación habría sido diseñada para funcionar de manera automática. El informe también pone en cuestión el alquiler de equipos informáticos, la disponibilidad del personal comprometido en la oferta de la concesionaria y la gestión de determinados servicios técnicos. Además, reclama una auditoría sobre el rendimiento de la red de abastecimiento para determinar las pérdidas reales de agua. Y no solo señala a Aqualia. El documento cuestiona también la labor de vigilancia del Ayuntamiento sobre el contrato y pide revisar la actuación de los responsables municipales encargados de su seguimiento.
Entre sus conclusiones reclama una inspección inmediata del servicio, la revisión de los posibles incumplimientos, la restitución de eventuales perjuicios económicos al Ayuntamiento y a los abonados y la adopción de medidas correctoras. Incluso plantea que, si se acreditasen incumplimientos suficientemente graves, se estudie la posible rescisión del contrato.
IU lleva el contrato a la Sindicatura de Cuentas
El debate se ha trasladado este jueves al ámbito político. Izquierda Unida-Convocatoria por Oviedo ha reclamado que el Ayuntamiento solicite a la Sindicatura de Cuentas del Principado una auditoría del contrato de Aqualia. El portavoz municipal de IU, Gaspar Llamazares, ha denunciado frente a la sede de la empresa la «degradación» del servicio y ha señalado problemas de suministro y de mantenimiento en infraestructuras que considera críticas, como Cuyences. También ha citado problemas recurrentes en localidades como Trubia.
Llamazares ha criticado que el Equipo de Gobierno reduzca estas situaciones a «problemas puntuales». «Llevamos con problemas puntuales ya mucho tiempo», ha señalado. IU también pone el foco en la información facilitada a los ciudadanos y a los grupos municipales, que a su juicio evidencia una situación de «opacidad», y asegura que existen además denuncias de trabajadores de Aqualia que apuntarían a problemas estructurales. La formación considera que ha llegado el momento de someter la gestión a una auditoría externa. Llamazares ha señalado que el Ayuntamiento dispone de un departamento de aguas «muy pequeño» y ha defendido que la Sindicatura de Cuentas es el organismo adecuado para analizar el contrato.
La intención de IU es que el Ayuntamiento apruebe en pleno municipal solicitar esta auditoría. Si el Gobierno local no lo hace, la formación anuncia que llevará la petición a la Junta General del Principado de Asturias.
