Educación da marcha atrás: mantendrá las FP de Informática en Gijón y Avilés, siempre que haya alumnos suficientes

La rectificación ha sido recibida como un triunfo por ANPE y CCOO, sindicatos críticos con una medida vista como «una merma de calidad más de la educación pública»; el primero de ambos ha desconvocado las movilizaciones previstas para este jueves

¿Le suena el nombre de Immanuel Kant, filósofo, académico y, en el siglo XVIII, una de las estrellas de la Ilustración en Prusia? Pues fue él quien profirió la hoy celebérrima frase «El sabio puede cambiar de opinión; el necio, nunca». Es difícil saber si la Consejería de Educación del Principado tenía ayer en mente las palabras del erudito germano; lo único cierto es que rectificar, ha rectificado. Según confirmaba a última hora de la tarde de este miércoles el Sindicato Independiente de la Enseñanza Pública (ANPE), el área que preside Eva Ledo ha dado marcha atrás, y mantendrá los grados de Formación Profesional (FP) de la rama de Informática que pretendían eliminarse de los Centros Integrados de Formación Profesional (CIFP) de La Laboral y de Avilés. Un giro de timón condicionado, eso sí, a que haya suficientes matrículas en ellos, pero que era acogido como un triunfo por ANPE, sindicato que ha abanderado las protestas del profesorado desde que se conociese la noticia. En ese sentido, la concentración prevista para este jueves ante el centro avilesino, organizada por ANPE, ha sido desconvocada; en su lugar, se impartirá a la comunidad educativa una sesión informativa. Cabe mencionar que también Comisiones Obreras (CCOO) se posicionó en contra de la eliminación de los grados en cuestión.

La decisión inicial de la Consejería preveía que los ciclos de Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) y de Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR) desapareciesen del programa académico de ambos CIFP. Esa supresión, a juicio de ANPE, habría supuesto «un recorte de la oferta formativa en centros públicos» inadmisible, motivada, además, por «una situación estructural derivada de la implantación de la nueva Ley de Formación Profesional», cuyas consecuencias habría pagado el conjunto del alumnado. «No se puede castigar a la enseñanza pública por las dificultades de adaptación a una nueva normativa», sentenció la representación de ANPE en los días previos a la reunión sostenida ayer con Educación. Por su parte, y también el miércoles, los portavoces de CCOO, aparte de criticar la falta de información directa a los sindicatos y al profesorado afectado, tacharon la intención de «nuevo ataque a la planificación educativa y a la calidad de la enseñanza pública». Más aún, afearon que, «mientras se planteaba la eliminación de estos ciclos en centros públicos, se mantenían en los concertados, como en Pola de Lena».

Las últimas posibles sombras han sido eliminadas esta misma mañana por la Consejería. Desde la misma, se ha matizado que se analizará el proceso de admisión de los alumnos, cierto, pero que «el mantenimiento de esos grados nunca se cuestionó»; solo se abrió la puerta a «reducir un grupo ante la dificultad para que los estudiantes hagan la formación en las empresas» al término de la fase formativa. Afortunadamente, una reunión mantenida por Eva Ledo con los representantes del Clúster TIC despejó el problema; esta última entidad se comprometió a prestar ayuda para conseguir esa formación en empresas del alumnado.