Los detenidos, dos hermanos empresarios, supuestamente captaban y empleaban a trabajadores en condiciones precarias a cambio de falsas promesas de regularización, recibiendo pagos de hasta 12.000 euros
La Policía Nacional ha desarticulado una presunta red de explotación laboral en Asturias, centrada en trabajos de desbroce y tala de montes y carreteras. La denominada Operación Forestal ha culminado con la detención de dos personas en Oviedo, ambos empresarios y hermanos, acusados de delitos contra los derechos de los trabajadores. La investigación se inició en octubre de 2024 tras la detención de un ciudadano y las denuncias presentadas por varias víctimas. Las diligencias posteriores revelaron un entramado que, presuntamente, captaba a ciudadanos extranjeros, algunos en situación administrativa irregular, mediante la promesa de empleo y regularización a cambio de pagos que rondaban los 12.000 euros. A cambio, se les ofrecía un precontrato que supuestamente permitiría obtener visado y permiso de residencia en España, algo que no llegaba a materializarse.
Según ha informado la Policía, las condiciones laborales eran especialmente precarias. Los trabajadores cumplían jornadas extenuantes, desde el amanecer hasta la noche, sin descansos semanales ni medidas básicas de seguridad. En algunos casos, los empleados no estaban dados de alta en la Seguridad Social, carecían de formación en prevención de riesgos laborales y no contaban con equipos de protección adecuados para manejar maquinaria peligrosa.
Los salarios percibidos eran muy inferiores al mínimo legal, llegando en algunos casos a no superar los 300 euros mensuales o incluso no ser abonados. Además, los trabajadores residían en viviendas proporcionadas por los responsables del entramado, con condiciones de hacinamiento, cuyo coste de alquiler se descontaba directamente de sus sueldos. El punto de partida operativo era un local tipo garaje en Oviedo, donde los trabajadores eran organizados cada mañana y distribuidos a sus destinos laborales. La investigación también ha identificado supuestas amenazas y coacciones ejercidas para evitar que los empleados abandonaran sus puestos o buscaran otras oportunidades laborales.
La operación ha contado con la colaboración de varias unidades de la Policía Nacional y de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social. La fase operativa de la investigación se desarrolló entre el 6 de febrero y el 26 de mayo de 2025. Los hechos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente, que mantiene abierto un procedimiento penal.
