La medida pactada por el Gobierno y Podemos permitirá residir y trabajar legalmente, pero no concede nacionalidad ni derecho a sufragio en las elecciones
El anuncio de una regularización extraordinaria para personas migrantes en situación irregular ha generado alivio entre los colectivos afectados, pero también una ola de desinformación en redes sociales. Uno de los bulos más difundidos sostiene que quienes se beneficien de la medida podrán votar en las próximas elecciones generales, algo que no es cierto según la legislación española. Y es que la regularización, acordada entre el Gobierno y Podemos, podría beneficiar a más de medio millón de personas que acrediten haber residido en España antes del 31 de diciembre de 2025, llevar al menos cinco meses en el país y carecer de antecedentes penales. El proceso les permitirá obtener una autorización de residencia provisional, trabajar legalmente y acceder a derechos básicos como la sanidad.
No obstante, regularizar la situación administrativa no equivale a obtener la nacionalidad española, requisito indispensable para votar en elecciones generales. La ley electoral establece que solo pueden ejercer el derecho al sufragio los ciudadanos españoles mayores de edad inscritos en el censo. La nacionalidad por residencia requiere, por norma general, tras diez años de estancia legal continuada, aunque existen excepciones en casos concretos, como personas refugiadas o nacionales de determinados países.
Desde el ámbito social, la medida ha sido recibida con sentimientos encontrados. El periodista Carlos Jaramillo, que trabaja mano a mano con población migrante, ha señalado que la noticia supone “un alivio enorme para mucha gente que vive en situación vulnerable”, aunque también plantea dudas sobre el momento político del anuncio y sus implicaciones en las negociaciones del Gobierno con otros partidos. La regularización extraordinaria reabre un debate recurrente en España, con precedentes como la de 2005, impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Sus defensores sostienen que sirve para sacar a miles de personas de la economía sumergida y garantizar derechos básicos, mientras que sus detractores cuestionan el contexto político de la decisión.
