El lanzamiento se produce tras la finalización de la moratoria y pese a las protestas convocadas por el Sindicato de Inquilinas en Oviedo
A las nueve y media de este martes estaba previsto el desahucio de una familia en el barrio de Las Campas, en Oviedo. Pocos minutos después, y pese a la oposición de las personas concentradas frente a la vivienda en señal de apoyo, el lanzamiento se llevó finalmente a cabo. Desirée, su hija de seis años y la pareja de la primera abandonaron así la que hasta ahora era su vivienda. El desahucio se ejecutó tras la llegada de la comisión judicial y con presencia policial, que advirtió previamente a los asistentes de que la actuación seguiría adelante con o sin su colaboración.
Durante la concentración, convocada por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Asturias, se sucedieron consignas como “vergüenza me daría desahuciar a una familia”, “rentistas culpables, Gobierno responsable”, “vecina escucha, tu lucha es mi lucha” o “ni gente sin casas ni casas sin gente”. Los agentes desplegados en la zona solicitaron a los presentes que se apartaran para permitir el acceso a la vivienda, lo que generó algunos momentos de tensión antes de que se produjera el desalojo. El caso se enmarca en el contexto del fin de la moratoria antidesahucios, que ha reactivado procedimientos de lanzamiento, incluidos algunos que afectan a colectivos vulnerables.
El sindicato ya había alertado el pasado 24 de marzo de la situación, señalando que, pese a contar con un informe de Servicios Sociales, no habían sido reconocidas como vulnerables en sede judicial. “No tenemos dónde ir. Los ingresos que tenemos son limitados y nadie nos da ninguna opción”, había explicado entonces la afectada. En los días previos, la organización había hecho un llamamiento a la movilización para tratar de frenar el desahucio, propiedad de un particular, y había señalado la responsabilidad de distintas administraciones en la falta de una alternativa habitacional. Durante la protesta, su portavoz, Andrés García, reiteró que el caso refleja “las dificultades de acceso a la vivienda” y anunció la puesta en marcha de una caja de resistencia para apoyar a la familia.
Tal y como contaba a este medio minutos después, la comisión judicial solicitó la intervención policial tras la negativa de los concentrados a abandonar el lugar. “Nos apartaron y procedieron a realizar el desahucio”. Por su parte, los afectados agradecieron tras abandonar la vivienda el apoyo recibido, recordando que su situación responde a dificultades económicas sobrevenidas. “No me niego a pagar el alquiler, pero necesito una vivienda. He trabajado siempre y pagado mis facturas hasta que no pude más”, señalaba el hombre. Ahora la familia se trasladará temporalmente al domicilio de un familiar, una solución provisional que no resuelve su situación a medio plazo. Desde el sindicato insisten en la necesidad de encontrar una alternativa estable y confirman que impulsarán una recogida de fondos para ayudar a los afectados.
