Desahuciada en Oviedo y sin ayuda pública: el Sindicato de Inquilinas abre una caja de resistencia para sostener a Desiré y su familia

La familia, desahuciada el pasado mes de abril en Las Campas, ha conseguido acceder a un alquiler gracias al apoyo mutuo y la organización sindical, pero afronta una situación de «extrema urgencia» tras asumir el primer pago y la fianza

Han pasado casi tres meses desde que Desiré Izquierdo, su pareja y su hija de seis años fueran desahuciados de la vivienda en la que residían en el barrio ovetense de Las Campas, pese a la concentración convocada por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Asturias para tratar de frenar el lanzamiento. Ahora, la familia ha logrado acceder por fin a una vivienda, aunque, según denuncia la organización, lo ha hecho «gracias al apoyo mutuo y a la organización sindical», y no como consecuencia de la intervención de las administraciones públicas. La entrada en el nuevo inmueble, sin embargo, no ha puesto fin a las dificultades. El desembolso correspondiente al primer mes de alquiler y a la fianza ha dejado a la familia en una situación de «extrema urgencia» para cubrir necesidades básicas, especialmente las relacionadas con la alimentación. Por ello, el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Asturias ha anunciado la apertura de una caja de resistencia sindical con la que pretende recaudar fondos para ayudar a Desiré, su pareja y la menor.

Desde la organización cargan duramente contra lo que consideran un «abandono» por parte de las distintas administraciones. En su comunicado señalan tanto al Gobierno central como al Principado y al Ayuntamiento de Oviedo por no haber ofrecido una respuesta efectiva a una familia que, recuerdan, llevaba meses reclamando una alternativa habitacional tras el desahucio. El sindicato sostiene, además, que todas las alternativas solicitadas por la familia ante la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos fueron rechazadas o derivadas a listas de espera. Una situación que consideran especialmente grave al entender que existen miles de viviendas públicas vacías en Asturias mientras continúan produciéndose desahucios de familias trabajadoras en situación de vulnerabilidad.

«Lo que le ha ocurrido a Desiré no es un caso aislado, sino el reflejo de una realidad que afecta a miles de familias trabajadoras», sostienen. El caso de Izquierdo adquirió notoriedad el pasado mes de abril, cuando la comisión judicial ejecutó el lanzamiento de la vivienda de Las Campas pese a la protesta vecinal organizada a las puertas del inmueble. Días después, la familia también veía frustrada una de sus principales esperanzas al conocer que VIPASA les denegaba el acceso a una vivienda pública al no considerar el Ingreso Mínimo Vital como un ingreso válido para cumplir los requisitos de acceso.