La Plataforma Stop Baterías Asturias cuestiona la actuación del Ayuntamiento de Oviedo en la tramitación de tres proyectos de baterías y pide explicaciones por un posible conflicto de intereses
Una nota de prensa difundida este lunes ha puesto el foco en la tramitación de tres proyectos de baterías en la zona de Los Arenales, en Oviedo, al denunciar un posible conflicto de intereses dentro del propio Ayuntamiento. El documento, firmado por la Plataforma Stop Baterías, señala que “la hermana del promotor firmó la compatibilidad urbanística de los proyectos”, en referencia a la jefa de servicio de Licencias Urbanísticas, Carmen del Prado.
Según el texto, esta responsable municipal habría firmado el informe que declaraba compatibles urbanísticamente las instalaciones promovidas por la empresa Atlantica Sustainable Infrastructure Ltd., donde trabaja su hermano como representante en Asturias. La nota recuerda que la normativa vigente establece que, en casos de parentesco, los funcionarios deben abstenerse de intervenir en los procedimientos. En este sentido, plantea interrogantes directos: “¿Comunicó la citada funcionaria a su superior inmediato la tesitura en la que se encontraba? ¿Conocían sus superiores dicha circunstancia?”.
El informe de compatibilidad urbanística es descrito como un documento “clave para la viabilidad de los proyectos”, ya que determina si una actuación se ajusta al planeamiento vigente. En este caso, el Ayuntamiento consideró que los proyectos eran compatibles con el uso del suelo, aunque condicionados a la autorización de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA). Sin embargo, la nota señala varias irregularidades en la tramitación posterior. Una de las más relevantes es que, durante el proceso de evaluación ambiental, “no fue el Ayuntamiento de Oviedo el que remitió ese informe de compatibilidad al órgano ambiental del Principado”, sino que “es aportado por el promotor”. Además, se destaca que el consistorio no informó de un acuerdo posterior del Consejo de Gobierno que suspendía autorizaciones en suelos no urbanizables.
Ese silencio administrativo resulta especialmente relevante porque, según el documento, dicho acuerdo dejaba sin efecto práctico el informe firmado previamente. “El Ayuntamiento guardó silencio, mientras el promotor presentaba el informe de mayo de 2024”, lo que habría permitido mantener la apariencia de viabilidad del proyecto pese al cambio normativo. La nota también acusa a la empresa promotora de intentar sortear esa suspensión mediante un informe pericial que calificaba el terreno como “suelo degradado”. Esta interpretación es rechazada en el texto, que sostiene que la parcela mantiene un uso ganadero activo, algo que “consta en el Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC)” y que impediría esa consideración.
Finalmente, la Comisión de Urbanismo (CUOTA) rechazó el 26 de febrero la autorización necesaria para los proyectos, lo que impidió su desarrollo. Según la nota, esta decisión “frenó la pretensión de Atlántica de saltarse la suspensión de licencias” y dejó sin margen de actuación al Ayuntamiento. El documento concluye reclamando responsabilidades y mayor transparencia institucional. A su juicio, el consistorio debe “dar explicaciones, abrir un expediente informativo y de investigación” y aclarar si “se ha vulnerado la ley del Régimen Jurídico del Sector Público por concurrencia de parentesco”. También cuestiona por qué no se trasladó al órgano ambiental la situación real del suelo tras la suspensión de licencias.
