El Ayuntamiento presenta la externalización como inevitable, aunque revive viejos temores sobre control, tarifas y contratos en otros municipios
El Ayuntamiento de Siero avanza en el proceso para externalizar el servicio municipal de agua, una decisión que el gobierno local justifica por la necesidad de acometer inversiones millonarias en la red. El proyecto, que prevé movilizar decenas de millones de euros en infraestructuras en los próximos años, ha reabierto el debate político sobre la gestión privada del ciclo urbano del agua y ha traído a primer plano los precedentes asturianos, especialmente los episodios de Oviedo y Avilés vinculados a la llamada “trama del agua”.
El alcalde sierense sostiene que el cambio de modelo responde a motivos técnicos y financieros. El diagnóstico municipal señala que la red presenta un importante envejecimiento, pérdidas de agua elevadas y depósitos con escasa capacidad de reserva, lo que obliga a plantear una renovación integral. Según el equipo de gobierno, esa inversión supera la capacidad presupuestaria municipal si se aborda únicamente con fondos propios, por lo que se opta por una concesión a una empresa especializada que asuma las obras y la gestión del servicio.
La medida ha generado críticas de la oposición, que alerta de posibles subidas tarifarias y pérdida de control público. En ese contexto, el debate ha derivado hacia la experiencia de otros concejos asturianos donde el agua ya se gestiona mediante concesiones privadas.
El caso más citado es el de Oviedo. La capital asturiana tiene el servicio privatizado desde 1996, cuando se adjudicó la concesión del ciclo integral del agua a una unión de empresas liderada por FCC Aqualia. Durante años el modelo funcionó sin grandes controversias judiciales, pero en 2015 el Ayuntamiento aprobó crear una comisión municipal de investigación para analizar la posible relación entre contratos del agua y la llamada Operación Pokémon, una macrocausa judicial abierta en Galicia y extendida a distintos puntos del país para investigar presuntas adjudicaciones irregulares de servicios públicos.
La investigación no se centró únicamente en Oviedo, sino en la empresa Aquagest —posteriormente integrada en el grupo Agbar—, que aparecía en el sumario por supuestas prácticas destinadas a influir en contratos municipales en varias comunidades. En el caso ovetense, la comisión buscó determinar si existieron irregularidades en la concesión o en la gestión posterior del servicio. Aunque el proceso generó debate político y numerosas comparecencias, no derivó en condenas relevantes relacionadas directamente con el contrato del agua en la ciudad. Aun así, el episodio consolidó la idea de que el sector del agua podía ser vulnerable a prácticas irregulares, argumento recurrente en debates municipales posteriores.
Un escenario similar se vivió en Avilés. En noviembre de 2016 el Ayuntamiento anunció la creación de una comisión de investigación sobre la gestión del agua tras conocerse la relación de Aquagest con la Operación Pokémon. El objetivo era esclarecer si la adjudicación del servicio y determinados acuerdos posteriores pudieron estar influidos por la trama investigada por la justicia. En paralelo, algunos dirigentes políticos locales fueron llamados a declarar como testigos en el marco de diligencias judiciales relacionadas con el caso.
La investigación también puso el foco en posibles beneficios y relaciones entre responsables públicos y empresas del sector antes de la firma de convenios del agua, aunque el desarrollo judicial posterior fue complejo y no concluyó con grandes condenas vinculadas específicamente al servicio municipal avilesino.
Estos precedentes forman parte del trasfondo del debate actual en Siero. Mientras el gobierno local insiste en que la concesión permitirá garantizar inversiones urgentes sin comprometer otras políticas municipales, los detractores advierten de que las experiencias de Oviedo y Avilés muestran la necesidad de reforzar los mecanismos de control y transparencia en cualquier proceso de externalización.
El Ayuntamiento sierense mantiene que el agua seguirá siendo un servicio público y que el contrato incluirá obligaciones de inversión y supervisión municipal estricta. El concurso aún no tiene adjudicatario, pero su tramitación marca un paso decisivo en una decisión que, más allá de su impacto técnico, se ha convertido ya en uno de los grandes debates políticos del concejo.
