El sindicato critica que el Gobierno limite las nuevas plazas a la titulación de Educación Social y advierte de que podría excluir a profesionales con experiencia en el centro
El sindicato CSIF ha denunciado la situación que, a su juicio, podría generarse en el centro de responsabilidad penal de menores de Sograndio si el Gobierno del Principado mantiene su propuesta de crear cinco plazas de educador como personal funcionario con requisitos de titulación específicos. egún explica la organización sindical, estos puestos han sido desempeñados tradicionalmente por personal laboral con distintas titulaciones y con amplia experiencia en el funcionamiento del centro.
CSIF sostiene que la decisión de limitar las nuevas plazas exclusivamente a la titulación de Educación Social podría dejar fuera a profesionales con años de trabajo en el centro y a parte de las personas que actualmente integran las bolsas de empleo. El sindicato considera que esta medida obligaría incluso a recurrir al Servicio Público de Empleo para cubrir puestos que, en la actualidad, ya desempeñan trabajadores cualificados con experiencia en el ámbito de la intervención con menores.
La organización también critica que la propuesta se impulse pese a existir, según indica, un informe desfavorable de la Viceconsejería de Justicia y después de un proceso de negociación con las organizaciones sindicales que concluyó el año pasado sin acuerdo. A pesar de ello, la Administración prevé llevar la creación de estas plazas a la Mesa General convocada para el 11 de marzo. Desde CSIF advierten de que el centro de Sograndio es un entorno especialmente sensible en el que la experiencia profesional y el conocimiento práctico son fundamentales para garantizar la seguridad tanto de los menores como de los trabajadores.
El sindicato ha anunciado que, si finalmente se adopta esta medida, trasladará la situación al Fiscal de Menores y al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias para alertar de los riesgos que, a su juicio, podría generar la decisión para los menores que cumplen medidas judiciales en el centro.
