El Principado mantiene el refuerzo de la seguridad tras dos fugas en una semana y prepara una auditoría mientras busca nuevo director para las instalaciones
Cinco de los ocho internos que se fugaron la pasada semana del Centro de Responsabilidad Penal de Menores de Sograndio, en Oviedo, ya han sido localizados por las fuerzas de seguridad y han regresado a las instalaciones. Los tres restantes continúan en paradero desconocido, según ha confirmado este lunes el consejero de Hacienda, Justicia y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Peláez. Las fugas se produjeron en el marco de dos incidentes registrados en días diferentes en el centro y han abierto una revisión de las condiciones de seguridad de Sograndio. Los sucesos llevaron además a la directora de las instalaciones, Aída Rodrigo, a presentar su dimisión el pasado viernes. Mientras el Principado tramita la elección de su sustituto mediante un procedimiento de libre designación, Rodrigo continuará al frente del centro en funciones.
La situación de los ocho internos comenzó con el primero de los dos episodios registrados durante la semana pasada. Cinco jóvenes consiguieron abandonar las instalaciones después de que se produjera un altercado en el interior del complejo. Dos de ellos fueron posteriormente localizados en Irún, mientras que la búsqueda del resto continuó abierta. El segundo incidente se produjo días después, cuando otros tres internos aprovecharon un momento de patio para escapar del recinto. Parte de los vigilantes se encontraba acompañando a otros internos a una cita médica, circunstancia que habría sido aprovechada por los jóvenes para salir por una zona del vallado perimetral. Durante esa segunda fuga, uno de los vigilantes trató de impedir la salida de los internos y llegó a subirse al vallado.
El trabajador cayó mientras intentaba intervenir y sufrió un golpe en la cabeza, por lo que tuvo que ser trasladado al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). El Principado informó posteriormente de que se encontraba estable y fuera de gravedad. Peláez ha calificado los dos episodios como «graves incidentes» y ha señalado que durante ellos llegó a ponerse en riesgo la integridad física de los trabajadores encargados de la vigilancia. El Ejecutivo asturiano pretende ahora analizar de manera detallada cómo se produjeron las fugas y qué fallos pudieron facilitar que los internos abandonasen el recinto.
Para ello, el Principado encargará una auditoría de seguridad sobre Sograndio. El objetivo será revisar las circunstancias de los incidentes y determinar qué medidas deben adoptarse para evitar que puedan repetirse. Peláez ha asegurado además que se depurarán las responsabilidades que correspondan una vez se conozcan las conclusiones de ese análisis.
Más vigilantes y problemas para encontrar personal especializado
Una de las primeras medidas adoptadas por el Gobierno asturiano ha sido reforzar la vigilancia del centro. El Ejecutivo ha incrementado el número de vigilantes, manteniendo la contratación con la misma empresa que ya prestaba el servicio. Peláez ha explicado que los servicios jurídicos del Principado plantearon dudas sobre la posibilidad de recurrir a otras compañías para realizar este refuerzo, por lo que finalmente se ha optado por continuar con la empresa existente.
El consejero ha señalado, no obstante, que el problema no se limita a la contratación concreta del servicio. Según ha explicado, existe una dificultad general para encontrar trabajadores cualificados en el sector de la seguridad, una circunstancia que también condiciona la capacidad para ampliar los recursos destinados al centro. Actualmente, Sograndio cuenta con 53 internos. De ellos, 23 son mayores de edad, una circunstancia que el Gobierno del Principado considera especialmente relevante para explicar parte de los problemas de convivencia y seguridad registrados en los últimos tiempos.
El cambio en el perfil de las personas internadas se ha convertido en uno de los principales argumentos del Ejecutivo asturiano para plantear una transformación de Sograndio. El centro está concebido como un espacio de responsabilidad penal para menores, con una orientación fundamentalmente socioeducativa, pero casi la mitad de sus actuales internos son ya mayores de edad. «El centro de menores de Sograndio no puede convertirse en un centro penitenciario», ha defendido el consejero, que ha advertido de que las consecuencias de esta transformación no afectan únicamente a los trabajadores y al personal de vigilancia. También, ha señalado, pueden verse perjudicados los menores de edad que permanecen en las instalaciones y que necesitan un entorno adaptado a su proceso socioeducativo.
La intención del Ejecutivo es que determinados internos cuyo perfil o situación judicial no encaje con el modelo de Sograndio puedan continuar el cumplimiento de sus medidas en instalaciones penitenciarias para adultos. El traslado dependerá de las circunstancias de cada caso y de la situación judicial de los afectados.
