Empresarios y sindicato confrontan diagnósticos sobre la oferta, el papel del sector privado y el acceso a una vivienda digna en Asturias
El Proyecto de Ley de Vivienda impulsado por el Gobierno del Principado ha evidenciado este miércoles un profundo desacuerdo entre agentes económicos y sociales durante las comparecencias celebradas en la Junta General del Principado de Asturias. Mientras el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, José Manuel Ferreira, sostuvo que la norma “no aborda el problema en su raíz” y la calificó de “insuficiente”, el secretario de Formación y Vivienda de UGT Asturias, Juan José García Rodríguez, defendió que el texto es “favorable” y confió en su aprobación definitiva.
En su intervención parlamentaria, Ferreira centró el debate en el desequilibrio entre oferta y demanda. A su juicio, el principal problema del mercado residencial asturiano es que “no estamos construyendo lo que necesitamos”. Para el representante cameral, existe una oferta insuficiente y la ley no introduce incentivos eficaces para revertir esa situación. “Administrar la escasez no es gobernar, es resignarse”, afirmó, para después comparar el proyecto con “una ley homeopática”: un remedio leve para un problema estructural grave. En su análisis, el incremento de precios sin una respuesta proporcional en la producción solo se explica cuando la política pública “desincentiva la economía privada”, lo que, en su opinión, termina agravando el problema.
Ferreira advirtió de que, si no se aumenta la oferta, cualquier intervención tendrá carácter paliativo. “Asturias no puede permitirse una década de paliativos”, señaló, defendiendo una colaboración “imprescindible” con el sector privado, al que atribuye una alta capacidad de ejecución. También cuestionó un modelo en el que, según dijo, las administraciones acaben siendo las principales beneficiarias de una fiscalidad sobre la vivienda “mal diseñada”.
Críticas desde la vivienda municipal de Gijón
En la misma comisión compareció el director gerente de la Empresa Municipal de Vivienda de Gijón, Ángel Luis Benavente, quien sostuvo que el proyecto deja “en el olvido” a las viviendas de titularidad privada. Benavente recordó que Asturias registra una de las mayores caídas en la oferta de pisos en alquiler y consideró que la norma debería haberse denominado “ley de intenciones y transitoriedad en materia de vivienda”, aludiendo a lo que definió como su “ineficacia”. Frente a estas críticas, el secretario de Formación y Vivienda de UGT Asturias defendió el enfoque del Ejecutivo autonómico. García Rodríguez recordó que los presupuestos ya aprobados refuerzan la política de vivienda con 187 millones de euros -un 20% más que en el ejercicio anterior- para impulsar ayudas y proyectos de inversión.
Entre los objetivos destacados por el dirigente sindical figura incrementar el parque público de vivienda al final de la legislatura, con inmuebles destinados al alquiler accesible, así como la puesta en marcha del programa Alquilamoste, que calificó como “una buena idea” a la espera de su desarrollo efectivo. A su juicio, el proyecto de ley pone el foco en garantizar el acceso a una vivienda digna para la población trabajadora que, aun contando con ingresos medios, encuentra serias dificultades tanto para comprar como para alquilar.
UGT fue más allá y reclamó que el precio de la vivienda se incorpore como variable en la negociación colectiva. “No puede haber justicia salarial sin tener en cuenta la presión habitacional”, sostuvo García Rodríguez, quien abogó por vincular la evolución de los salarios al coste real de la vivienda.En ese sentido, advirtió de que si un trabajador debe destinar más del 30% de sus ingresos a acceder a una vivienda digna, “al final su salario será indigno”.
