Depurar responsabilidades implica asumir que la culpa no nace de la nada. Que si hubo una cadena de fallos —o de omisiones—, esta no se detiene en los eslabones más débiles
En la Asturias de la mina herida, la comisión parlamentaria sobre el accidente de Cerredo debería ser un espacio de verdad, de justicia, de técnica y responsabilidad. Pero se está convirtiendo, como tantas veces, en un escenario de cálculo político. Cada grupo parlamentario ha diseñado su lista de comparecencias con precisión quirúrgica, no para esclarecer qué falló, sino para optimizar su propio beneficio: desgastar al rival, salvar a los propios, sembrar una sospecha o consolidar una narrativa.
El PP quiere llevar ante la comisión a todos los consejeros socialistas posibles, además de inspectores, técnicos, empresarios y hasta trabajadores. Vox va más allá: apunta a Barbón, suma a dos ministras y agita la gran política con el nombre de Teresa Ribera. Izquierda Unida, en una maniobra llamativa, pone el foco en Victorino Alonso, símbolo de una etapa oscura del carbón. Foro prefiere fiscalizar la gestión administrativa de un correo electrónico. Y la diputada Tomé mezcla lo técnico, lo simbólico y lo humano: quiere escuchar a la ministra, a las directoras del Instituto de Transición Justa y al minero herido en un accidente anterior.
¿Y el PSOE? El partido en el Gobierno pide la presencia de altos cargos actuales y antiguos, pero evita los nombres más sonoros del pasado: Enrique Fernández y Nieves Roqueñí. Lógica defensiva pura. Así, entre listas que excluyen a unos y apuntan a otros, la gran damnificada es la verdad. Y con ella, la posibilidad de que esta comisión sirva para algo más que para construir relatos.
Tres niveles de responsabilidad
Los nombres propuestos se pueden agrupar en tres niveles claros. Primero, el nivel técnico, formado por los inspectores de Minas, los directores facultativos de la explotación, los técnicos del Principado y los responsables de seguridad minera. Son quienes ejecutan, supervisan, miran o deberían mirar lo que ocurre en la boca de la mina. Segundo, el nivel administrativo, donde se ubican los directores generales, los viceconsejeros y otros altos funcionarios. Ellos establecen los criterios de actuación, los protocolos, la interpretación de las normas. Y tercero, el nivel político: consejeros, exconsejeros, el presidente Barbón y, si prosperan las pretensiones más ambiciosas, hasta ministras.
Este orden de responsabilidades no es solo jerárquico. Es lógico. Porque si un inspector no actuó, habrá que preguntarse qué instrucciones tenía. Si un director general no sancionó, habrá que ver qué consigna política lo frenó. Si una explotación funcionaba fuera de la ley, el problema no está sólo en el que lo permitió, sino también en el que lo supo y no hizo nada.
De abajo hacia arriba
Depurar responsabilidades implica asumir que la culpa no nace de la nada. Que si hubo una cadena de fallos —o de omisiones—, esta no se detiene en los eslabones más débiles. La técnica responde ante la administración, la administración ante el poder político. Y la política, ante la ciudadanía. Por eso es inadmisible que cada grupo seleccione sólo aquellos nombres que refuercen su relato: no se puede investigar con una venda en los ojos y un cronómetro en la mano.
Una comisión parlamentaria que aspire a algo más que al postureo necesita amplitud, ecuanimidad y valentía. Amplitud para no dejar ningún nivel fuera. Ecuanimidad para preguntar con el mismo rigor a los propios que a los ajenos. Valentía para aceptar que, a veces, la verdad no favorece a nadie, pero es imprescindible para todos.
Lo que debería pasar
No se trata de que comparezcan todos, sino los que deben. No se trata de apuntar al rival, sino al fallo. No se trata de convertir una tragedia minera en una mina de votos, sino de impedir que vuelva a ocurrir. Porque si la política no es capaz de proteger ni siquiera a los que bajan cada día al fondo de la tierra, ¿para qué sirve?
Y si esta comisión, en lugar de levantar sombras, levanta alfombras, tal vez empiece a merecer su nombre.
