El Fiscal Superior de Asturias alerta de que «MENA no es el acrónimo de menor delincuente» y señala que casi el 90% de los 647 menores implicados en expedientes penales en 2025 eran españoles
El Fiscal Superior de Justicia de Asturias, Gabriel Bernal, ha aprovechado la apertura del Año Judicial, al que asistieron este jueves el presidente del Principado Adrián Barbón y el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, para referirse a dos cuestiones que han marcado el debate público en Asturias: la agresión sufrida por Rubén Rosón y Jorge Fernández durante la primera noche de San Mateo y la situación de los menores extranjeros no acompañados. Bernal ha situado ambos asuntos dentro de una misma reflexión sobre la necesidad de evitar la generalización y los discursos de odio. Durante su intervención, ha recordado el ataque sufrido por los dos integrantes de AMA Asturies y ha advertido de que este tipo de conductas no afectan únicamente a quienes las sufren directamente, sino que «pretende sembrar el miedo o la inseguridad en un determinado colectivo».
«Nuestra labor como fiscales está clara: se trata de ataques directos a la dignidad humana y, como tales, hay que combatirlos», ha señalado. Y ha añadido una advertencia dirigida al conjunto de los poderes públicos: «Es obligación de todos los poderes públicos ser intolerantes frente a los discursos de odio. Debemos, con nuestras manifestaciones y actitudes, evitar que proliferen y adquieran carta de naturaleza».
Casi el 90% de los menores expedientados eran españoles
Bernal también ha puesto sobre la mesa durante el acto los datos de la Fiscalía de Menores correspondientes a 2025. Ese año, 647 menores estuvieron implicados en algún expediente de reforma, es decir, en procedimientos relacionados con la comisión de delitos. Según los datos expuestos por el Fiscal Superior, casi el 90% eran de nacionalidad española. En cuanto a los menores extranjeros no acompañados, conocidos como MENA, Bernal ha señalado que no superaron los 25 entre los menores implicados en estos expedientes, aunque algunos de ellos estuvieron relacionados con más de tres procedimientos.
El Fiscal Superior ha aprovechado estas cifras para pedir que no se vincule automáticamente la condición de menor extranjero no acompañado con la delincuencia. «MENA no es el acrónimo de ‘menor delincuente’», ha advertido. Bernal ha insistido además en la necesidad de distinguir entre los expedientes de reforma, que corresponden a procedimientos penales contra menores que han cometido delitos, y las diligencias de protección, destinadas a menores que se encuentran en situación de riesgo, guarda o tutela. «No podemos, no debemos, generalizar», ha subrayado.
El Fiscal Superior ha reconocido que algunos menores bajo protección pueden presentar comportamientos disruptivos y ha señalado que existen centros especializados para atender estas situaciones. Al mismo tiempo, ha defendido que otros menores alojados en recursos residenciales están «perfectamente integrados» y ha pedido que no sean «demonizados». Estos establecimientos, ha recalcado, no son centros de internamiento para menores que hayan cometido infracciones penales, por lo que la proximidad de uno de estos recursos «no tiene por qué dar lugar ni generar problemas convivenciales en el vecindario» ni servir como pretexto para alimentar actitudes de rechazo hacia sus residentes.
Más de una causa al mes por violencia en parejas adolescentes
La intervención de Bernal también ha puesto el foco en la violencia contra las mujeres. El Fiscal Superior ha recordado que durante 2025 fallecieron en Asturias dos mujeres víctimas de violencia machista, Karilenia y Dolores, y ha adelantado que el asesinato de Karilenia será juzgado el próximo mes de diciembre en Oviedo. En el ámbito de los menores, ha señalado que la Sección de Menores de la Fiscalía del Principado recibió durante 2025 más de una causa al mes por violencia en el seno de la pareja, con víctimas que eran niñas «desde muy temprana edad».
Además, 15 menores fueron agredidas sexualmente por adolescentes que todavía no habían cumplido los 18 años, según los datos expuestos por el Fiscal Superior. Bernal ha defendido finalmente la necesidad de mantener el enfoque de género como herramienta para abordar las desigualdades estructurales y los estereotipos que, ha señalado, sitúan a las mujeres en una posición de subordinación en la sociedad.
