En la actualidad, el Principado cuenta con siete centros específicos para acoger a dichas personas, y con otros veinte para el alojamiento general de menores, aunque en ambos hay muchas plazas ocupadas; se están buscando alternativas a través de entidades
Hoy por hoy es difícil decir si, finalmente, habrá, o no, un reparto entre las regiones españolas de los menores migrantes no acompañados que continúan en Ceuta, aguardando que la incertidumbre sobre su futuro se despeje. Puede que la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, pese al plantón de los representantes de Aragón, Castilla y León y Extremadura, acordase este jueves desbloquear hasta veinticinco millones de euros que se invertirán en asistir a dichas personas, pero la cuestión de un posible traslado de la totalidad, o parte, de ellas al territorio peninsular sigue a expensas de una nueva reunión. En estos momentos la pelota sigue en el tejado del presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Rivas, del PP, si bien su partido se ha mostrado reacio a la medida, siendo partidario de mantener a esos niños y adolescentes con sus familias. Y, aun así, son varios los Gobierno autonómicos que ya están preparándose para esa eventualidad. Entre ellos, el de Asturias, que a estas horas busca alternativas para reforzar los recursos de alojamiento de que dispone. Así, fuentes de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar confirman que se están manteniendo contactos con varias organizaciones.
Si de algo puede presumir la red de acogida asturiana es no ser escasa. En estos momentos el Principado opera siete centros específicos para la acogida de menores migrantes no acompañados. En ellos, esos jóvenes reciben alimentación, cobijo, atención médica y psicológica cuando la precisan, e itinerarios para clarificar su futuro, estando permanentemente tutelados por profesionales en la materia. A esas instalaciones habría que sumar los veinte centros de acogida de menores generales actualmente operativos; si bien no están diseñados exclusivamente para niños y adolescentes foráneos, con pequeñas adaptaciones en cuanto a procedimientos y actividad podrían hacerlo y, de hecho, varios de sus ocupantes son extranjeros. ¿Dónde está, pues, el problema? En que tanto unos recursos como otros ya están en servicio y, por ello, varias de sus respectivas plazas se hallan ocupadas. En la Consejería no ha sido posible precisar la cantidad, pero sí se ha indicado que son «muchos» los espacios en uso, lo que reduce la capacidad. Sobre todo, teniendo en cuenta que, si ni siquiera se ha decidido si habrá reparto, mucho menos se ha acotado cuántos menores irían a cada comunidad.
Así las cosas, y siempre movido por un afán previsor, el Principado ha iniciado conversaciones con entidades del tercer sector para buscar lugares de acogida adecuados en caso de que, finalmente, se opte por el traslado de los menores a la Península, y de que las posibilidades de la región no alcancen las demandas de los Gobiernos ceutí y central. El estado de dichas negociaciones no ha trascendido, aunque se sabe que se ha llamado a la puerta de organizaciones como Cruz Roja o Accem. A la espera de resultados, para el Ejecutivo nacional la prioridad es trasladar a medio millar de niñas y adolescentes en situación de especial vulnerabilidad, debido a su sexo y a sus condiciones; el Principado, por voz de su vicepresidenta, Gimena Llamedo, ha expresado su conformidad con la urgencia de tal acción.
