Somiedo pierde terreno comunal en favor del municipio leonés de Cabrillanes, según ha ratificado la Audiencia Nacional
En las altas cumbres de la Cordillera Cantábrica, donde la niebla se desliza entre las rocas y las vacas pastan tranquilas, la historia se entrelaza con la política para dibujar una de esas fronteras invisibles que, sin embargo, hieren profundamente. Un territorio ancestral, compartido por dos comunidades autónomas, está en el centro de una disputa judicial que amenaza con desdibujar la identidad de una región: la guerra de límites entre Asturias y León. El municipio asturiano de Somiedo ha sido despojado de 674 hectáreas de terreno comunal, las que ahora pasarán a manos del municipio leonés de Cabrillanes. La sentencia de la Audiencia Nacional, que ratifica una resolución previa del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública, marca un hito más en un conflicto histórico que se remonta a siglos atrás.
Para entender el peso de esta disputa hay que retroceder hasta el siglo XVIII, cuando el monarca Carlos III firmó la Real Ejecutoria de 1788, que estableció un deslinde territorial entre las tierras de Somiedo y Cabrillanes. El documento reconoce la titularidad de los terrenos a favor de Cabrillanes, pero lo que ocurrió después no fue tan simple como trazar una línea en el mapa. En un acuerdo de conveniencia, los pueblos de Somiedo y Cabrillanes convivieron con una relación ambigua, reflejada en documentos que, en apariencia, no respetaban todas las formalidades. La falta de la firma del representante de Somiedo en ese momento se ha convertido en el epicentro de la controversia actual. El vacío legal dejado por esa omisión es el punto de partida de la reclamación por parte de León, que, con el tiempo, ha ido fortaleciendo su posición. A lo largo de los siglos XIX y XX, la delimitación entre los dos municipios fue aceptada como un hecho, y Somiedo gozó del uso de los pastos de El Puerto, una vasta extensión de terreno en las altas laderas, donde los ganaderos asturianos alimentaban su ganado. La cuestión se mantuvo en un segundo plano, hasta que, en 2019, el Ministerio de Política Territorial decidió tomar partido por Cabrillanes, basándose en el acta de 1788. Desde entonces, el municipio asturiano ha intentado frenar lo que considera una tergiversación histórica. A su juicio, se trata de una cuestión legal y de una alteración de un equilibrio que ha perdurado durante generaciones.
La sentencia de la Audiencia Nacional, que concede casi 700 hectáreas a Cabrillanes, altera los límites territoriales entre Asturias y León, afectando de manera directa a la vida de los vecinos de Somiedo, cuya economía se basa, en gran medida, en la ganadería y los recursos que estos pastos ofrecen. Además de la pérdida territorial, hay una repercusión económica crucial. Estos terrenos, gestionados de manera colectiva por los ganaderos del puerto de Somiedo, reciben subvenciones de la Política Agrícola Común (PAC), que sirven de apoyo vital para la supervivencia del sector. Para los somedanos, perder esos pastos no es sólo un asunto de orgullo territorial, sino una amenaza a su modelo de vida. El alcalde de Somiedo, Belarmino Fernández Fervienza, ha sido el rostro visible de la resistencia a esta sentencia, que considera incomprensible. En su discurso, apela al derecho histórico de los habitantes de Somiedo a conservar esos terrenos que, según argumenta, siempre han pertenecido a sus vecinos y nunca fueron cedidos de manera oficial ni consensuada. La respuesta del alcalde es clara: recurrir al Tribunal Supremo, confiando en que el Principado de Asturias respalde esta lucha para evitar que el territorio somedano se vea fraccionado de manera irreversible.
La decisión de la Audiencia Nacional parece irreversible, aunque el alcalde de Somiedo ha manifestado su firme intención de seguir adelante con el recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
La clave de su argumento radica en la defensa de lo que considera un principio básico de justicia territorial: lo que ha sido delimitado históricamente no debe alterarse a través de una interpretación moderna y legalista de los hechos. El recurso de casación es la última carta que les queda, pero la ambigüedad de la Real Ejecutoria de 1788, la falta de firma de un representante somedano y el hecho de que la delimitación se haya mantenido intacta durante más de dos siglos se presentan como pilares fundamentales de su defensa. Fernández Fervienza señala que, según la Constitución Española de 1978, cualquier modificación de los límites entre comunidades autónomas debe ser aprobada por las Cortes Generales mediante una ley orgánica. Es decir, cualquier alteración de esta índole no puede ser decidida por un tribunal sin una base legislativa clara. Esta es la piedra angular sobre la que el alcalde sostiene su lucha: lo que se disputa no es únicamente terreno, sino la propia legitimidad de una alteración de los límites que debería ser sometida a la aprobación de la soberanía popular, y no a la interpretación judicial.
El conflicto de Somiedo y Cabrillanes es mucho más que una disputa por lindes territoriales, es la manifestación de una lucha por la identidad de los pueblos que habitan estas tierras. En Somiedo, el puerto es un espacio geográfico, un símbolo de la comunidad y un espacio común donde la historia y la cultura se han entrelazado a lo largo de los siglos. Para los ganaderos de Somiedo, el perder acceso a esos pastos ocasiona un perjuicio pecuniario y de una tradición que ha sido transmitida de generación en generación. La sentencia judicial altera el mapa y pone en peligro una forma de vida. La disputa, aparentemente técnica y legal, tiene repercusiones profundas en una comunidad que ve cómo se difuminan las fronteras de su identidad colectiva. El hecho de que Cabrillanes recupere estos terrenos bajo el paraguas de una antigua Real Ejecutoria, que los somedanos nunca firmaron, abre una caja de Pandora sobre el reconocimiento y la validez de los acuerdos históricos.
El futuro de Somiedo y sus pastos está ahora en manos de los tribunales, pero también de los políticos que, en su medida, deberán decidir si esta lucha por la tierra será resuelta mediante la frialdad de los textos legales o si, por el contrario, prevalecerá la memoria histórica y la defensa de una comunidad que ha vivido en estos valles durante siglos. El recurso de casación ante el Tribunal Supremo podría ser la última oportunidad para evitar lo que algunos consideran un despojo, mientras que otros lo ven como una cuestión de justicia territorial. La batalla entre Somiedo y Cabrillanes es, en última instancia, una reflexión sobre las fronteras geográficas, de justicia, identidad y memoria histórica.
