La Alfonso X El Sabio -que se instalaría en Oviedo- propone una oferta con grados en Medicina, Enfermería, Odontología y Farmacia, además de varios másteres especializados, en una implantación gradual prevista a cinco años
El Gobierno de Asturias aprobó este martes los decretos que autorizan la adscripción de los dos primeros centros universitarios privados del Principado: uno de la Universidad Nebrija, en Avilés, y otro de la Universidad Alfonso X El Sabio (UAX), en Oviedo. La medida, que no implica aún el inicio de actividad académica, permite a ambas instituciones continuar los trámites para impartir titulaciones oficiales en la comunidad. Según explicó este martes el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, se trata de un paso administrativo que abre un plazo de dos años para solicitar la autorización de funcionamiento. El Principado deberá comprobar antes el cumplimiento de los requisitos legales relativos al personal docente, infraestructuras, actividad investigadora y dotaciones materiales.
Ambas entidades prevén ofrecer estudios vinculados a las ciencias de la salud, un ámbito con alta demanda en Asturias. La Universidad Nebrija plantea implantar el Grado en Enfermería, mientras que la Alfonso X El Sabio propone una oferta más amplia, con grados en Medicina, Enfermería, Odontología y Farmacia, además de varios másteres especializados, en una implantación gradual prevista a cinco años.
De la celebración a la «incomprensión»
La decisión del Ejecutivo autonómico ha generado reacciones encontradas en el ámbito político y social. La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, celebró la aprobación del centro de la Universidad Nebrija, calificándola de “gran y esperada noticia” para la ciudad. A su juicio, la iniciativa “convertirá a Avilés en una ciudad universitaria” y contribuirá al “rejuvenecimiento y dinamismo urbano” gracias a la llegada de estudiantes y a la movilización de inversiones privadas.
En el otro extremo, la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, criticó la medida y reclamó “priorizar la universidad pública asturiana como pilar de igualdad y justicia social”. Aseguró que la implantación de centros privados “acaba repercutiendo en las tasas públicas” y defendió avanzar hacia la gratuidad total de las matrículas en la Universidad de Oviedo. También el consejero de Ordenación de Territorio, Ovidio Zapico (IU-Convocatoria por Asturies), mostró su oposición dentro del propio Consejo de Gobierno. Consideró la decisión “una pésima noticia para lo público” y una “cesión ante los lobbies que presionan en favor de intereses privados”. Zapico calificó de “incomprensible” que Asturias haya completado el proceso “antes de la publicación del decreto estatal que limita la expansión de estos centros”.
También el grupo municipal de IU-Convocatoria por Oviedo, a través de Alejandro Suárez, ha calificado la decisión de “incomprensible” y pide a Barbón que explique “a quién sirve permitiendo la entrada de universidades privadas desoyendo incluso al gobierno central”, destacando que la autorización se produce a pesar de un Real Decreto reciente que endurece los requisitos de implantación de privadas. Suarez alerta así sobre el posible impacto sobre la Universidad de Oviedo, señalando que los nuevos títulos de pago en la rama sanitaria podrían devaluar la educación superior pública y reforzar intereses empresariales sobre las políticas públicas.
Podemos acusa al Gobierno de “traicionar” a la universidad pública
Podemos Asturies también ha reaccionado con dureza al anuncio. Su coordinador autonómico, Diego Ruiz de la Peña, ha acusado este miércoles al presidente Adrián Barbón de “traicionar a la universidad pública asturiana e iniciar el fin de la igualdad social en Asturies”. Según Ruiz de la Peña, el Ejecutivo “consuma una traición a las clases trabajadoras”, denunciando “opacidad en el proceso y abandono de la educación pública como motor de igualdad social”. El dirigente morado ha criticado además que Asturias “siga el camino de Ayuso y Moreno Bonilla”, al permitir “que el acceso a carreras como Medicina dependa de tener 20.000 euros por curso”. En su opinión, “defender la educación pública de calidad pasa por aumentar las plazas y los recursos de la Universidad de Oviedo, no por privatizar los estudios que conducen a profesiones sanitarias”.
El Gobierno autonómico ha reiterado que velará por el cumplimiento estricto de la legalidad y los estándares de calidad en la oferta de estudios. Las universidades privadas no podrán iniciar su actividad hasta recibir la autorización definitiva.
