La Coordinadora Ecoloxista denuncia que los proyectos Atenea 2 y Atenea 3 se ubicarán en suelo no urbanizable y cuestiona que sigan adelante pese a las distancias fijadas por la CUOTA
La implantación de parques de baterías en Asturias vuelve a generar contestación vecinal. La Coordinadora Ecoloxista d’Asturies ha denunciado la autorización por parte de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo de dos nuevos proyectos de almacenamiento energético en la zona de Los Arenales, en Oviedo, pese a las alegaciones presentadas por el colectivo ecologista y por cientos de vecinos de diferentes núcleos del entorno. Según señala la organización, las autorizaciones, publicadas este jueves en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA), corresponden a los proyectos Atenea 2, compuesto por diez contenedores de baterías, y Atenea 3, con otros seis contenedores. Ambos se proyectan, según la denuncia, sobre suelo no urbanizable. La Coordinadora considera «cuando menos sorprendente» que se haya dado luz verde a estas instalaciones sin atender las alegaciones formuladas durante la tramitación.
La oposición a estos parques no se limita al movimiento ecologista. La organización asegura que se presentaron 584 alegaciones vecinales contra la ubicación de estas instalaciones. Las alegaciones proceden, según la Coordinadora, de residentes de Los Arenales, La Manjoya, Covadonga, La Brañella, El Calderu, El Bosque, Les Cruces, La Granda, Vidayán, Fitoria y San Lázaro, entre otras zonas del entorno de Oviedo.
El colectivo sitúa estos proyectos dentro de una implantación más amplia que contempla, según sus datos, hasta siete parques de baterías en la misma zona, con un total de 93 contenedores. La organización sostiene que algunos de estos elementos quedarían a menos de 150 metros de viviendas, explotaciones ganaderas y un geriátrico, una proximidad que considera incompatible con las garantías de seguridad que deberían exigirse a este tipo de instalaciones.
Cuestionan las distancias fijadas por la CUOTA
Uno de los principales argumentos de la Coordinadora se refiere a las distancias respecto a viviendas, núcleos rurales e instalaciones ganaderas. El colectivo recuerda que en 2024 la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA) estableció para este tipo de instalaciones la exigencia de mantener una distancia de 1.000 metros respecto a núcleos rurales y 500 metros respecto a instalaciones ganaderas. A juicio de los ecologistas, los proyectos que ahora siguen adelante no cumplirían esas distancias, pese a lo cual el Principado continúa con su tramitación y autorización.
La cuestión se suma a la polémica que ya existe en Asturias en torno a la regulación de estos proyectos. En abril, colectivos vecinales y ecologistas ya habían denunciado que determinados expedientes continuaban avanzando administrativamente pese a la suspensión temporal de licencias para nuevas instalaciones de este tipo aprobada por el Gobierno autonómico.
Riesgo de incendios y fugas térmicas
La Coordinadora Ecoloxista centra también sus críticas en los posibles riesgos asociados al almacenamiento mediante baterías. Entre ellos menciona las fugas térmicas, los incendios y las posibles explosiones, así como las dificultades para controlar y extinguir un siniestro en instalaciones de estas características. También alerta de los riesgos vinculados al transporte y a las operaciones de carga.
El colectivo considera especialmente preocupante la implantación de estas instalaciones en zonas próximas a viviendas y en áreas que presentan riesgo de incendio forestal. En caso de combustión, señala, podrían liberarse gases derivados de las sustancias químicas empleadas en las baterías.
Por ello, reclama que estos proyectos incorporen medidas específicas de seguridad, entre ellas sistemas de impermeabilización, suministro de agua a alta presión, mecanismos para recoger de forma segura el agua contaminada utilizada durante una eventual intervención y un perímetro libre de vegetación y otros elementos combustibles.
Críticas a la proximidad de las viviendas
La distancia entre las instalaciones y las viviendas constituye, según la organización, uno de los principales motivos de su oposición. La Coordinadora sostiene además que la presencia de estos sistemas podría generar exposición a campos electromagnéticos y afirma que existen estudios que relacionan una exposición excesiva con diferentes problemas de salud.
Este último argumento forma parte de las advertencias planteadas por el colectivo, que reclama que se tengan en cuenta los posibles efectos sobre la población y sobre los animales antes de autorizar instalaciones de estas características.
La organización ecologista cuestiona asimismo que los proyectos puedan tramitarse de manera separada cuando se concentran en un mismo entorno. A su juicio, fraccionar las instalaciones previstas en Los Arenales permite analizar individualmente proyectos cuyo impacto debería, según su criterio, valorarse de manera conjunta, dado que la zona podría llegar a concentrar siete parques y 93 contenedores.
