El Sindicato de Vivienda d’Asturies logra paralizar temporalmente el lanzamiento de una madre y su hija menor y reclama una solución definitiva a las administraciones
El Sindicatu de Vivienda d’Asturies ha conseguido el aplazamiento de un desahucio previsto en una vivienda pública del barrio de La Corredoria, en Oviedo, que afectaba a una mujer y a su hija menor de seis años. El lanzamiento estaba programado para este viernes, 10 de abril, en un inmueble de la calle Carlos Prieto. Según ha trasladado el colectivo, la familia se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad, al tratarse de un hogar monomarental con ingresos mínimos y con antecedentes de violencia de género. Ante la inminencia del desalojo, representantes del sindicato acudieron a la empresa pública VIPASA con el objetivo de abrir una negociación que evitase la ejecución.
De acuerdo con su versión, no fue posible alcanzar un acuerdo en ese primer contacto al no estar presentes responsables con capacidad de decisión. No obstante, la organización continuó las gestiones por vía judicial, logrando finalmente la suspensión temporal del desahucio. El sindicato califica esta medida como una “victoria parcial”, que permite ganar tiempo para negociar una solución estable para la familia. En este sentido, reclaman la firma de un nuevo contrato de alquiler adaptado a la situación económica de la afectada, evitando así un nuevo procedimiento de lanzamiento.
Asimismo, la organización señala la responsabilidad de distintas instancias de la administración autonómica, entre ellas la Consejería de Ordenación del Territorio y la Dirección General de Vivienda, a las que insta a implicarse en la resolución del caso mediante la apertura de una negociación directa. Este episodio se produce en una semana marcada por la problemática de los desahucios en la ciudad. Hace apenas dos días, otra familia era desalojada en el barrio de Las Campas, también en Oviedo, pese a la concentración vecinal convocada para intentar frenar el lanzamiento. En ese caso, el procedimiento se ejecutó tras la finalización de la moratoria y con presencia policial, dejando a los afectados sin una solución habitacional inmediata.
