«El acuerdo que no fue: educación en Asturias entre la urgencia política y la reforma postergada»
La noticia recorrió Asturias como una tregua a medias: el Gobierno del Principado y los sindicatos docentes alcanzaban un preacuerdo el 9 de junio que ponía fin a la huelga. Aplausos tímidos, ruedas de prensa con sonrisa forzada y la sensación de que se había apagado un incendio sin revisar la instalación eléctrica. Porque eso fue exactamente lo ocurrido: un cierre en falso.
Ni el fondo del conflicto ha sido abordado, ni las cantidades reales necesarias están garantizadas, ni —y esto es crucial— se ha dado respuesta a las demandas del profesorado de la red concertada, la gran ausente de una mesa que pretendía ser de todos, pero acabó siendo de unos pocos. Lo que se presenta como un pacto por la educación pública es, en realidad, un pacto por la imagen política del Ejecutivo.
Mientras se recitaban titulares sobre reducción de ratios, mejoras salariales y más apoyo a la diversidad, se ocultaba que muchas medidas quedan difuminadas en un calendario de tres años y sujetas a disponibilidad presupuestaria. Es decir, una promesa en diferido. Pero más grave aún es lo que no se menciona: que no se ha proyectado un sistema educativo para la próxima década, sino que se ha parcheado un curso más.
Porque no hay plan. No lo hay desde hace años. La Consejería de Educación lleva meses sin liderazgo político tras la dimisión de Lydia Espina y ha sido la vicepresidenta del Gobierno, y no ningún responsable del área educativa, quien ha tenido que intervenir a última hora. El presidente Barbón, ausente en los primeros días del conflicto y calculador después, ha optado por la fórmula más conocida del poder cuando no sabe qué hacer: ganar tiempo. El resultado es una Consejería sin capitán, un profesorado agotado y un sistema que naufraga en burocracia.
Y si la red pública sufre, la concertada agoniza en silencio. Con apenas el 12% del presupuesto, atiende al 30% del alumnado y ha obtenido, según PISA 2022, los mejores resultados del país. Sus docentes, sin embargo, cobran entre 12.000 y 13.500 euros menos al año, trabajan más horas y soportan el desprecio silencioso de los responsables políticos, que prefieren ignorar su existencia antes que reconocer su valor. Esta discriminación no es solo una injusticia laboral: es una irresponsabilidad educativa. Porque un sistema que castiga a quien ofrece buenos resultados, no mejora; se degrada.
Tampoco se ha entrado —ni se entrará, si el acuerdo firmado es la última palabra— en el terreno minado de los contenidos. Nadie ha querido hablar de ideologización, de cómo se ha sustituido el conocimiento por el adoctrinamiento emocional, de cómo se enseña que “dos más dos pueden ser cinco si así te sientes mejor”. Nadie menciona la caída de niveles ni la desigualdad creciente entre centros. Ni los efectos del “softismo” curricular, ni la renuncia al mérito, ni el vértigo ante una educación sin exigencia ni norte.
Así que no, el conflicto no ha terminado. Solo se ha silenciado, por ahora. Pero mientras no se afronte con seriedad el debate sobre el contenido, el modelo y la equidad entre redes, la escuela asturiana seguirá siendo ese edificio que se repinta cada curso… aunque las vigas crujan. La educación no necesita pactos de mínimos: necesita una ambición máxima. Y, sobre todo, necesita gobernantes con ideas, no solo con agenda.
