El Ayuntamiento mantiene el modelo pese a las quejas por su complejidad y por priorizar la capacidad económica en la adjudicación
El proceso de adjudicación de las plazas del aparcamiento de Ferreros, en el barrio ovetense de Ciudad Naranco, encara su fase final con un escenario marcado por la participación moderada y un creciente debate sobre el modelo elegido. El plazo para presentar ofertas concluye este jueves, con 150 solicitudes registradas hasta el momento para un total de 421 plazas disponibles. La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento de Oviedo a través de una subasta electrónica al alza, busca dar respuesta a una demanda histórica de aparcamiento en el barrio. Sin embargo, su puesta en marcha ha reactivado críticas vecinales y discrepancias políticas sobre la idoneidad del sistema.
El concejal de Interior, Mario Arias, defendió este viernes el desarrollo del proceso, recordando que “damos respuesta al compromiso que nos habíamos fijado con los vecinos de Ciudad Naranco para mejorar las opciones de aparcamiento”. El edil valoró positivamente el número de solicitudes y animó a los interesados a participar antes del cierre del plazo. No obstante, desde el inicio de la subasta han surgido dificultades prácticas. Asociaciones vecinales han denunciado la complejidad técnica del procedimiento, que exige registrarse en plataformas estatales, gestionar documentación extensa -que supera las 300 páginas- y realizar trámites electrónicos no siempre accesibles. “Es súper complicado”, trasladan desde el colectivo vecinal Activa Ciudad Naranco.
Más allá de la cuestión técnica, el principal foco de crítica se sitúa en el propio modelo de adjudicación. La subasta al alza implica que las plazas se asignen a quienes presenten la oferta económica más elevada, lo que, según denuncian los vecinos, rompe el carácter social que debería tener un equipamiento de este tipo: “Favorece a quien puede pagar más, no a quien más lo necesita”. A ello se suman dudas sobre los criterios de acceso. Aunque el proceso está restringido a residentes y trabajadores del barrio, algunos colectivos señalan lagunas, como la situación de propietarios no empadronados o inquilinos con menor capacidad de inversión. También se ha criticado la limitación de visitas al aparcamiento a horarios de mañana, lo que dificulta la asistencia de personas con jornada laboral.
En el plano político, el PSOE ha solicitado la paralización del proceso. El concejal Jorge García Monsalve calificaba hace unos días el modelo de “injusto, farragoso y chapucero”, al considerar que “convierte un patrimonio público en una subasta al mejor postor”. Los socialistas proponen alternativas como la adjudicación por criterios sociales o el arrendamiento a largo plazo con precios tasados. Frente a estas críticas, el Ayuntamiento ha habilitado un servicio de asesoramiento presencial en la Oficina de Vivienda y en el cibercentro de La Lila, con el objetivo de facilitar la participación y reducir las barreras detectadas.
